Cronica de Un Deterioro Educativo en Progreso

La Educación Dominicana

De Regreso al Pasado

por: Rafael Alvarez Castillo

“…Hay evidencias de que la profesión no

es atrayente para los mejores egresados de la

secundaria y que con frecuencia terminan

por acceder a ella quienes no pueden por

razones económicas o de calificación

académica, aspirar a otras profesiones”.

José Rivero

Para economistas, sociólogos, politólogos y otros cientistas sociales latinoamericanos, la década de los ochentas (1890-89) es considerada como la década perdida en los países colocados al sur del río Bravo. Esta calificación está sustentada en la depresión que sufrieron los principales indicadores económicos y el impacto sociopolítico que la misma produjo en cada uno de ellos.

Aunque las presiones de los organismos internacionales encabezados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para someter a las naciones bajo su égida a los ajustes macroeconómicos y a la reducción de los gastos fiscales, redujo a un 2% la deuda externa, de 410 mil millones a 401 mil millones de dólares, (actualmente asciende a más de 619 mil millones de dólares), la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue de solo un 0.7%, según las cifras difundidas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en su balance anual de 1988.

La población de la región aumentó en cincuenta (50) millones de personas (de 355 a 406 millones) entre 1980-1986, mientras que el Producto Interno Bruto por habitantes se redujo en cerca de un 8% retrotrayéndose al que la región había tenido en 1977. El ingreso nacional por habitante en 1986 fue un 14% inferior al de 1980, retrocediendo su valor al de 1976.

Los efectos de la crisis se expresaron en la contracción en un 20% del número de empleo generado anualmente entre 1980-1985, el desempleo creció en más de un cincuenta por ciento (50%) ascendente a más de siete (7) millones de desempleados, se produjo un crecimiento de la informalización, la terciarizacion y el empleo en el sector público y un deterioro generalizado de entre un 12% y 18% de los salarios o remuneraciones de los trabajadores. La reducción del gasto social, produjo déficits crecientes en los servicios de salud, alimentación, deportes y un deterioro progresivo en los sistemas educativos.

En lo que respecta a la educación, entre 1980 y 1986 la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) registró una disminución de la inversión en educación por habitantes en América Latina de ochenta y ocho (US$88) a sesenta (US$60), dólares el Producto Nacional Bruto (PNB) destinado a educación bajó de 3.9 en 1980 a 3.5 en 1986. Mientras esto sucedía en los países de economía dependiente y pobres, en Asia y Estados Unidos la inversión en educación por habitantes se incrementó de 38 a 52 US$ y de 113 a 141 dólares, respectivamente.

La decersión y repitencia escolar se incrementaron significativamente, se produjo un marcado deterioro de la calidad educativa, impactado por los salarios de miseria que percibían los (as) maestros (as) y una baja creciente del presupuesto destinado a la educación, lo que ocasionó una devaluación de la profesión docente. Esta situación obligó a los organismos internacionales que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas y otras instituciones de apoyo social a promover planes y programas alternativos a la crisis que ya se expresaba con gran énfasis en la mayoría de los países de América Latina y había dejado como consecuencia diversos brotes de rebeliones sociales.

En el caso particular de la República Dominicana, la gravedad de la crisis estuvo matizada por: la inflación, el alza en la prima del dólar, el incremento en los precios de los artículos de primera necesidad, la reducción del gasto corriente, el crecimiento del desempleo (el 71% de la población económicamente activa -PEA- no tiene empleo fijo), bajo salario y reducción de su capacidad adquisitiva, precariedad de los servicios públicos, la especialización de un porcentaje cada vez mayor de millones de dólares al pago de la deuda externa, que junto a la destrucción del aparato productivo nacional, produjeron grandes conmociones sociales, siendo la más trascendente la de abril de 1984.

La disminución presupuestal, el bajo salario de los (as) maestros (as), ($780.00 por tanda), la baja calidad de la educación, la ausencia de material didáctico, la obsolescencia de la oferta curricular, el altos índices de repitencia, la decersión escolar, la baja cobertura de la educación inicial (16.8%), el creciente analfabetismo, el descuido de la educación técnica, la brevedad del calendario escolar, la escasa atención a los estudiantes pobres, la desvinculación familia-comunidad-escuela, el deterioro de la infraestructura física, el empobrecimiento del maestro (a), muchos de los cuales abandonaron la escuela para emplearse en otras áreas o emigrar hacia Estados Unidos, Puerto Rico o Europa y una ineficiente estructura administrativa, constituyeron los aspectos más destacados del perfil característico del sistema educativo durante la postrimería de los ochenta.

La crisis económico-social que afectó el país durante la llamada década perdida colocó la educación dominicana al borde del precipicio. Todos los sectores de la vida nacional se vieron impactados y preocupados por la creciente perdida de valores y el desorden en el sistema educativo. Para demandar soluciones la Asociación Dominicana de Profesores realizó intensas y largas jornadas huelgarias durante los años 1988, 1989 y 1990, que marcaron el paso de otras acciones institucionales que sirvieron de antecedentes a la elaboración y puesta en marcha del Plan Decenal de Educación.

Durante los meses finales del año 1988 los empresarios de Herrera, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Fundación Friedrich Ebert, dieron inicio a importantes reflexiones educativas a través del espacio “Plan Educativo”, dando a conocer un Decálogo Educativo. En 1990 la pontificia Universidad Católica Madre y Maestra elaboró una propuesta institucional para proponerla al gobierno y los candidatos a puestos electivos en las elecciones de ese año. Acción para la Educación (EDUCA) comenzó a desarrollar programas de apoyo a la Educación Básica.

En marzo de 1990 se realizó en Jomtien Tailandia la Conferencia Mundial de Educación para Todos, en la que participó el secretario de educación de la época, Dr. Nicolás Almánzar donde se concibió la elaboración de un Plan Global de Desarrollo Educativo para relanzar la educación de cara a los desafíos del presente y el futuro. Durante el mes de septiembre del mismo año la Asociación Dominicana de Profesores realizó su Sexto Congreso Nacional, aprobando un documento sobre la Situación de la Educación y Perspectivas para el año dos mil (2000).

Estas actividades motivaron la creación de un movimiento encaminado a producir cambios en la educación dominicana. Para coordinar las acciones de elaboración del Plan Decenal se produjo un acuerdo interinstitucional de sectores oficiales, organismos internacionales, empresarios, gremios, iglesias y otros no gubernamentales que echaron a andar un proyecto de reforma educativa que creó enormes expectativas y mejoró aspectos esenciales del sistema educativo Nacional.

En el marco de la aplicación del Plan Decenal, reforma educativa que ya hemos calificados de cosmetológica y en extremo limitada, por no haber estado antecedida de cambios en las relaciones de poder económico y político del país y por obedecer a los dictámenes de los organismos internacionales, fue promulgada le Ley General de Educación número 66’97 (el 15 de abril de 1997), se aprobó y puso en vigencia el nuevo Diseño Curricular (ordenanza 1’95), se mejoró el salario del maestro, se aplicaron incentivos escalafónarios a la profesión y al desempeño docente, se inició el desayuno escolar y la entrega de libros de textos y cuadernos de trabajo a los estudiantes, se iniciaron los laboratotorios de informática, se mejoró la estructura física de muchas escuelas y Liceos y se produjo un mayor acercamiento entre la escuela-comunidad, se desarrollaron programas de titulación y capacitación para maestros (as) en servicios, entre otras acciones que buscaban detener el extraordinario deterioro en que había caído el servicio educativo nacional.

Indudablemente, que el Plan Decenal de Educación constituyó un paso de avance para la educación dominicana, logrado mediante una gran inversión en millones de dólares realizada a través de prestamos y donaciones del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Interamericana de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, Lomé IV y otros organismos crediticios, pero también contó con el incremento del gasto público en educación por parte del gobierno central, que de un gasto total de 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1992 (inicio del Plan), lo mantuvo en 2.4% como promedio durante los diez años de la reforma educativa.

En la medida en que los recursos externos se fueron achicando, disminuyeron los programas que beneficiaban directamente a los actores del proceso educativo. De esta manera, luego de concluido el período de la reforma, el gobierno presentó un Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación (2003-2012) que procura dar respuesta a los compromisos de Dakar 2000, universalizando la educación básica, elevando la calidad y mejorando la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de la población dominicana.

El Plan Estratégico de Desarrollo no termina de arrancar y todo parece que las actuales autoridades no hacen mucho esfuerzo por ceñir sus acciones a los objetivos del mismo, prefiriendo impulsar programas a través del denominado Foro Presidencial por la Excelencia Educativa. Pero lo que preocupa es que no se observan acciones concreta para cumplir con el articulo 197 de la Ley General de Educación número 66’97, que en materia de financiamiento expresa que: “El gasto público anual en educación debe alcanzar…un mínimo de un dieciséis por ciento (16%) del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) de Producto Bruto Interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos” y esto va acumulando una gran deuda con la sociedad, que luego puede tornarse en irrecuperable.

El presupuesto educativo actual es igual a veintidós mil once millones de pesos ($22,011.000000), equivalente al 1.8% del PBI y a un 9% del presupuesto General y Ley de Gastos Públicos. Este promedio del PBI se mantiene desde el año 2003, lo que explica una especie de estancamiento y hasta retroceso de algunos indicadores educativos, sin que se vislumbre una estrategia de desarrollo educativo clara precisa y confiable, que permita detener el desbalance entre el salario del maestro (a) y el valor de la canasta familiar, cumplir con los objetivos del milenio y aplicar el articulo 8 numeral 16 de la constitución, ofreciendo cobertura educativa universal, gratuita y obligatoria para todos (as), así como asumir un efectivo programa de alfabetización que reduzca el 17% de analfabetos que existe actualmente.

El informe de seguimiento de la Educación para todos en el mundo 2005, recoge entre sus indicadores educativos que en la República Dominicana, solo 35 de cada cien niños en edad de inscribir el nivel reciben educación inicial, 25 de cada cien que inician la Educación Básica no la terminan y 33 de cada cien personas en condiciones de cursarla, no se inscriben en la educación Media. Estas cifras reflejan grandes retrasos para cumplir con los objetivos del milenio y aún más para iniciar el camino ascendente que nos aleje de la pobreza en que vive una parte significativa de la población.

El programa líder de la Secretaría de Estado de Educación no puede seguir siendo la instalación de laboratorios de informática en los Liceos y escuelas del territorio nacional, mismos que en ocasiones resultan infuncionales. La crisis de valores, el auge de la delincuencia y la criminalidad, los requerimientos del mundo laboral, requieren de una escuela más activa y critica, constructora de conocimiento científico, promotora y forjadora del juicio reflexivo, creadora de espacios para el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que reivindiquen lo mejor del ser humano, incentivadora del deseo de vivir como aspiración natural y principal de los niños, adolescentes y jóvenes, a los cuales el Estado y la sociedad están conminados a retener en el espacio escolar.

Hoy el panorama luce sombrío, constituyendo la mayor desesperanza la ausencia de un discurso sindical subvertidor de la pasividad oficial. La Asociación Dominicana de Profesores, histórico instrumento de defensa de los intereses del maestro y la educación nacional, fundada el 13 de abril de 1970, se mantiene rezagada, tanto en el discurso pedagógico como en la acción gremial y sus dirigentes se han ilegitimados frente a las bases magisteriales, luego de más de cinco (5) años sin realizar el proceso electoral que cada dos años debe escoger sus direcciones: municipal, provincial y nacional. Solo una rebelión organizada y consciente de los educadores de todas las provincias que conforman el territorio insular, puede salvarla de una debacle mayor.

Es evidente que a pesar del Plan Presidencial por la Excelencia Educativa, las computadoras, los concursos y uno que otros programas de capacitación, el panorama educativo presenta niveles de regresión en varios indicadores a épocas que se entendían superadas. Reconocer que la educación es un factor de desarrollo, implica producir la inversión que la misma requiere para cumplir con el rol que los tratadistas del desarrollo humano le asignan. Para que esto se haga realidad no hay que hacer congresos ni seminarios, sino cumplir con lo que dispone la ley de educación vigente.

La atención a los actores del proceso educativo, a la planta física escolar, la protección a la familia, son medidas urgentes, si queremos mantener la esperanza en un sistema educativo científico, integral y solidario, capaz de formar seres humanos con la competencia humana y laboral, aptos para la convivencia social armónica y el mundo productivo. No podemos atraer buenos bachilleres hacia las carreras pedagógicas si estos no perciben mejores condiciones de vida y de trabajo en nuestras escuelas y Liceos públicos.