18 Enero 2011, 11:40 PM
Considera que está “maniatada” porque un 80% de sus miembros son pagados por Educación
El escritor Andrés L. Mateo presentó ayer al presidente Leonel Fernández su carta de renuncia a la Comisión que analiza los Textos Integrados, al expresar desconfianza de que el grupo podrá emitir un juicio independiente, cuando 80% de sus miembros son asalariados o vinculados al ministerio de Educación.
En una carta, el autor expresa dudas de que la Comisión pueda cumplir el objetivo para el cual fue creada y recuerda que es presidida por una asesora del ministro de Educación, Melanio Paredes, la ex ministra de Educación Jacqueline Malagón.
A continuación, el texto íntegro de la carta: “Doctor Leonel Fernández, presidente de la República:
Distinguido Señor Presidente:
Agradezco enormemente la distinción de haberme incluido en la Comisión de especialistas que habrían de evaluar los libros de textos integrados, que el Ministerio de Educación elaboró con técnicos mexicanos y que están utilizados en las escuelas públicas. Durante los últimos meses he vertido mi parecer sobre los mismos en varios medios de prensa, y reconozco que esta iniciativa se halla inspirada en una noble idea de zanjar las diferencias que se han suscitado en torno a esta decisión del Ministro que afecta el fundamento filosófico y legal de la educación dominicana. Sé que usted ha estado al tanto de los debates y discusiones, y que ha externado su preocupación al respecto; por eso llegué a creer que la comisión que se conformaría estaría integrada por académicos y personas independientes que no estuviesen en la nómina del Ministro, ni como empleados, ni como asesores, ni como contratados externos.
Sin embargo, al comprobar que de los 18 miembros juramentados por usted, el 80% están comprometidos con el Ministerio, y son asalariados directos e indirectos del Ministro, dudamos que la Comisión pueda acometer la misión para la cual fue creada, que es, o debería ser, examinar desapasionadamente no un proyecto, sino los hechos consumados ante los cuales estamos, que arrancan con la decisión de otorgar sin licitación un contrato de 5.2 millones de dólares a una empresa extranjera para que confeccione los textos y el modelo pedagógico dominicano, violando la “ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, y la misma ley de educación; y a espaldas del Consejo Nacional de Educación, de toda la comunidad educativa y del país.
Pensé, Señor Presidente, que el Ministro daría una prueba de confianza y se sometería al escrutinio de un consistorio independiente, sin hacerse acompañar de sus funcionarios, que, habiendo confesado que desconocían cabalmente estos textos integrados, que no fueron consultados, que no construyeron ese modelo pedagógico, se han prestado, porque así se lo ordena su jefe, a defender un producto intelectual extranjero que viola la Constitución, que quebranta la ordenanza 1-95, que infringe la Ley General de Educación 66-97. Y que, por demás, le garantiza un rodillo asambleario que haría invisible el verdadero problema frente al cual estamos. Tenga usted presente, Señor Presidente, que la principal asesora del Ministro, la Licenciada Jacqueline Malagón, preside la Comisión. Hay un principio cardinal que orienta las acciones justas: no se puede ser juez y parte.
¿Qué sentido puede tener participar en una Comisión cuyo verdadero objetivo es ganar tiempo, mientras las acciones del Ministro imponen su decisión al sistema educativo? Él ya hizo imprimir los libros del segundo ciclo de la educación básica confeccionados por los mexicanos, los del primer ciclo ya están circulando también confeccionados por los mexicanos, y se están terminando de elaborar en México los correspondientes a la educación media. ¿Qué podrá hacer esta Comisión frente a esta política de ponernos ante los hechos consumados? Ni las impresiones millonarias de los libros, ni el contrato con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), ni la distribución de estos textos se paralizarán por las recomendaciones que haga la Comisión. Las pocas personas no comprometidas con la nómina del Ministro dentro de la Comisión, se exponen a ser instrumento de sus acciones desacertadas.
Mientras tanto, 1, 400,000 niños dominicanos están privados de la enseñanza formal de la lengua española, de la historia patria, de la enseñanza moral y cívica y de la formación religiosa. Y como hemos demostrado después de un profundo análisis, estos textos están plagados de errores conceptuales e imprecisiones históricas y científicas que los inhabilita para ser utilizados en nuestras escuelas, siendo que la seriedad de los responsables no ha estado presente como tampoco lo ha estado la práctica democrática del diálogo sobre esta delicada situación, la honestidad intelectual y ciudadana me obligan a no participar en una comisión maniatada. A esa ceremonia circense no puedo prestarme.
Por ello, Señor Presidente, presento mi renuncia formal a la Comisión de revisión de los textos integrados, y le garantizo que al Ministro Paredes no le interesa obtener un juicio independiente de la política de improvisación que está aplicando en el sistema educativo dominicano.
Compartir: |       |
email: jvictorianoj@hotmail.com